¿Sabías que nuestro pueblo no siempre contó con su jurisdicción propia y perteneció al marquesado de los Trujillos tras su venta? Hoy te vamos a hablar de cómo se llegó a esta situación y qué motivos lo impulsaron.
Para ello, nos basamos en el interesante artículo que en nuestra próxima crónica publicará sobre este asunto nuestro colaborador Victoriano Muñoz Rueda, Cronista Oficial de Los Villares. Recuerda, lo que te contamos es solo un adelanto. ¡Tendrás que esperar a su publicación íntegra para conocer todos los detalles! Pero la espera merecerá la pena.
Para empezar, vamos a ponernos en contexto. Hablamos de la época del reinado de los primeros Austrias, años en los que la necesidad de liquidez en las arcas del estado era una constante y la solución que la monarquía encontró para paliar el problema fue la venta de jurisdicciones y derechos. Una situación común tanto en los reinados de Carlos I como de Felipe II pero con un matiz de diferenciación. Y es que mientras que en el siglo XVI se vendieron lugares eclesiásticos, durante el siglo XVII se deshicieron de los bienes de la corona.
En ese sentido, una práctica que comenzó a realizarse para este fin y dar liquidez a las arcas fue la venta de vasallos. Según nos explica Victoriano, “no se sabe con certeza cuando surgió la idea de vender vasallos de realengo”. “La primera anotación documentada es una consulta del Consejo de Hacienda, con fecha 27 de abril de 1625, avisando al soberano que era preciso pedir a las Cortes el consentimiento para poner en práctica esta operación. Las cédulas correspondientes autorizando la venta de vasallos se expidieron al año siguiente, en 15 de enero, 31 de marzo y 20 de agosto. Las ventas incluían la jurisdicción civil y criminal, alta y baja, mero y mixto imperio. El precio de venta era de 15.000 maravedises por vecino para las poblaciones situadas a la derecha del Tajo, es decir en territorio de la Chancillería de Valladolid, y 16.000 en los de la izquierda, pertenecientes a la Chancillería de Granada”, asegura.
Y continúa: “El primer trámite para la transacción era fijar la población aproximada de la villa y depositar el tercio de su valor. Después se hacía la medición del término y el censo de la vecindad, contando los hidalgos, clérigos y viudas por medio vecino”.
Esta práctica también llegó a los señoríos jiennenses, que eran jurisdiccionales, es decir, el señor gozaba de ciertas preeminencias en la administración de justicia, más o menos amplias, según el caso. Así, por ejemplo, en el siglo XVII, Fuente del Rey pasó a señorío en 1657, aunque Jaén lo recuperó en 1660, y Torredelcampo estuvo a punto de ser comprado por el conde de Torralba…
Y aquí es cuando entra en escena Valdepeñas de Jaén, territorio que, al igual que el vecino Los Villares, se vio afectado por estas prácticas. Vamos a ver cómo exactamente. Antes, hay que destacar que la adquisición de un señorío podía estar completamente desvinculada del hecho de la propiedad de la tierra, de modo que la renta señorial podía proceder tan sólo de la actividad jurisdiccional y de la cesión, en su caso, normalmente por compra, de impuestos reales, tales como las alcabalas. Y este era el caso del marqués de los Trujillos, tras la decisión de vender 20.000 vasallos que Felipe IV tomó en 1627 para paliar la crisis hacendística causada por la Guerra de los Treinta Años.
Así, Felipe IV, precisado de recursos, decidió vender los derechos de señorío, jurisdicción, vasallaje y rentas jurisdiccionales de numerosos lugares para aprontar recursos a la Hacienda Real, para lo que el 26 de febrero de ese año promulgaba una Real Cédula, en la que estaba inserta otra de 15 de enero de 1626, sobre la forma en que se habría de vender los vasallos y las condiciones de dichas ventas (16.000 maravedís por cada vecino o 6.400 ducados por legua de término, el que más rentable fuera para la Hacienda Real).
“La compra de Valdepeñas y Los Villares por el marqués de los Trujillos hay que enmarcarla dentro de la opción de compra que dicho marqués presenta por cinco lugares: Albolote, con 300 vecinos; Valdepeñas, con 150 vecinos; Los Villares, con 30 vecinos; Guadahortuna, con 140 vecinos; y Cazalilla, con 140 vecinos y que finalmente se descuelga de esta venta. Así, D. Antonio Álvarez de Bohórquez y Girón, Marqués de los Trujillos y Vizconde de Caparacena, que era consejero de Hacienda, manifestó su intención de comprar Castillo de Locubín y así mismo los lugares de Albolote y Guadahortuna del partido de Granada, y Valdepeñas, Los Villares y Cazalilla, del partido de Jaén”, explica Victoriano.
“Ello motivó que el Concejo de Jaén, en 27 de enero de 1627, comisionara al caballero veinticuatro D. Fernando de Vera para que ante la Corte impugnase ‘las facultades que pretenden sacar las villas y lugares desta jurisdicción para arrompimiento de dehesas y baldíos, en gran daño desta ciudad y sus vecinos...’, considerando el grave perjuicio que se causaría a la capital”, leemos en el artículo de Victoriano.
Y continúa así: “No terminó ahí el interés de la ciudad de Jaén en recuperar las tres poblaciones. En 1629 decidió tantear la jurisdicción de Valdepeñas, Los Villares y Cazalilla, para lo que pidió una facultad real para roturar hasta 1.000 fanegas de tierra para redimir los censos que se tomaran con tal motivo. Dicho rompimiento se haría en el término de Valdepeñas y Jaén tendría parte en los beneficios por ser tierra de pasto común. Una vez pagados los censos que tomara Valdepeñas, la renta serviría para que la ciudad abonara los censos obtenidos para el tanteo de Los Villares”.
La situación jurídica de Valdepeñas establecía que, al ser una villa eximida de la ciudad de Jaén, según Carta privilegio otorgada en 19 de abril de 1558, el citado marqués había de depositar en el Depósito General de Granada la cantidad con que el concejo de la villa había servido a la Corona por haberse eximido de la ciudad,1.360.000 maravedises. Se obligaba, además, a que si el valor del término era mayor que el de la vecindad y lo que montare la satisfacción a la villa, había de pagar esa diferencia en moneda de plata doble. El importe de lo depositado por las tres villas eximidas, entre la que se encontraba Valdepeñas, alcanzó 3 quentos (1 quento equivalía a 1.1250.000 maravedís) y 775 mil maravedís.
Por tanto, por escritura otorgada el 22 de febrero de 1629, entre Bartolomé de Spínola, caballero de la Orden de Santiago del Consejo de Hacienda y Contaduría Mayor como Factor General, y D. Antonio Álvarez de Bohórquez y Girón, I Marqués de Los Trujillos, se vendía al Marqués las jurisdicciones de Valdepeñas y del lugar de Los Villares y Albolote. Con dichas ventas, Valdepeñas quedaba privada de su jurisdicción, mientras que Los Villares veía ensombrecido el proceso, iniciado en 1625, de emancipación de la ciudad de Jaén, emancipación que conseguía en mayo de 1630.
Finalmente, esta situación se vio revertida tras la muerte en 1640 del I Maqués de Trujillo. “Don Alonso Álvarez de Bohórquez y Benavides, II Marqués de los Trujillos, presentó ante el Consejo de Hacienda un memorial en el que indicaba que una vez hecha la cuenta por las medidas que se hicieron de los términos de los dichos cuatro lugares y de las averiguaciones de sus vecindades, se hallaba que el valor era de más de los 27.000 ducados que su padre había pagado a cuenta del precio de ellos, que venía a ser 67.000 ducados más o menos, y que no se hallaba en estado de poderlos pagar”, nos explica en su artículo Victoriano. Por tanto, estudiado el Memorial por el Real Consejo de Hacienda, se aceptó la renuncia a los derechos de compra por parte del Marqués de los Trujillos, por lo que los lugares retornaron a la Corona. Así, Valdepeñas, y también Los Villares, volvieron al corregimiento de la ciudad de Jaén, que intentaría una vez más recuperarlas. En 1643 la ciudad de Jaén acordó pedir al Rey que Los Villares y Valdepeñas volvieran al estado en que se encontraban antes de la compra por el marqués.
Situación que duró poco. Un año después, la Corona vendía Valdepeñas y Los Villares, junto a Albolote y Guadahortuna, a don Dalmau de Queralt y Codina, II Conde de Santa Coloma, en los 48.000 ducados que dejó pendiente de pago el Marqués de los Trujillos.